RT
@GildoGarzaMx: 🟥
#Investigación | Taddei se fue. Los diez que callaron siguen en el
@INEMexico
Guadalupe Taddei ya se fue del INE.
Los diez consejeros que la acompañaron siguen en sus sillas, ahora piden investigar “a toda la institución” y se reparten el interinato como si el desastre les hubiera caído del cielo. Las actas del propio instituto cuentan otra historia.
El 5 de febrero de 2025 el INE abrió los sobres de la licitación LP-INE-001/2025, la de las urnas y mamparas de la elección judicial. En la mesa se sentaron cinco licitantes. Por Cajas Graf firmó Raymundo Francisco Hernández Casillas. Por Corporativo Zeg firmó Jesús Octavio García González. En un tercer consorcio venía Comercializadora JVLY. Las tres empresas están hoy en la revisión de la
@ASF_Mexico
Ese día también firmaron el acta tres funcionarios del Órgano Interno de Control, que estaban ahí para vigilar.
Dos días después salió el fallo. Cajas Graf quedó fuera porque de los ocho contratos que presentó para probar experiencia, cuatro venían incompletos. Zeg y el consorcio de JVLY cayeron por precio no aceptable. La licitación se declaró desierta, y aquí empieza lo bueno.
Por adjudicación directa, el INE le entregó a Cajas Graf 21 millones de pesos por las urnas y 174.07 millones por las mamparas. En la licitación que perdió había pedido 174.50 millones por esas mismas mamparas. La empresa que no pudo juntar cuatro contratos completos se quedó con el negocio por la puerta de atrás y casi al mismo precio. Si eso es una casualidad, es de las que cuestan doscientos millones.
En septiembre de 2025 Taddei nombró a García González director de Administración del INE. El hombre que había firmado por un proveedor pasó a validar las compras del instituto. En enero de 2026 lo denunciaron ante el Órgano Interno de Control y el 3 de febrero
@Reforma publicó la historia completa, con la reacción de los consejeros. Desde ese día ninguno puede alegar que no sabía. García González salió en abril. En junio la Auditoría Superior ya estaba revisando al INE.
El 3 de septiembre de 2026 el Órgano Interno de Control llevó al Consejo General su informe de resultados del año. La versión estenográfica, en la página 40, lo despacha en una línea: “No habiendo solicitud de participación, damos por recibido el presente informe y le solicito dar cuenta del siguiente punto”.
Esa sesión llena 210 páginas.
Uuc-kib Espadas habló 55 veces, Martín Faz 22, Jorge Montaño 13, Carla Humphrey 12 y Arturo Castillo otras 12. Frida Gómez, Norma de la Cruz, Arturo Chávez y Rita Bell López también pidieron la palabra para otros temas.
Cuando tocó revisar las cuentas, nadie dijo nada. Los partidos tampoco, y eso incluye al PAN, que hoy exige cárcel para Taddei y ese día se quedó tan callado como los demás.
Ninguno se salva, aunque no todos callaron igual. Arturo Chávez, Frida Gómez, Blanca Cruz y Norma de la Cruz acompañaron a Taddei el 21 de octubre, cuando leyó un mensaje sin aceptar preguntas, y en el auditorio se oyó un aplauso largo para ella. Al día siguiente Jorge Montaño, Frida Gómez y Uuc-kib Espadas pidieron prudencia para no dañar la credibilidad del instituto, una credibilidad que a esas alturas ya estaba en el suelo. Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz se acordaron de criticar el superpoder de Taddei cuando el escándalo ya llenaba las primeras planas. De Rita Bell López no se conoce una sola palabra.
Humphrey dice que el primer responsable es el Congreso, que le dio a Taddei facultades para nombrar directores sin consultar a nadie. Es verdad que se las dio, pero a los consejeros nadie les quitó la voz. Para hablar en el punto 10 bastaba con levantar la mano, y no la levantó ninguno.
En junio de 2027 este mismo Consejo organizará la elección intermedia.
Si no vieron lo que estaba en sus propias actas, no sirven para cuidar una elección. Si lo vieron y se callaron, son cómplices por omisión, y eso tiene consecuencias legales.
El artículo 49, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a todo servidor público a denunciar los actos u omisiones que advierta y que puedan constituir faltas. No hacerlo es una falta administrativa. Y el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal castiga con dos a siete años de prisión al servidor público que, sabiendo por razón de su cargo que el patrimonio público puede resultar gravemente afectado, no lo informa por escrito ni lo evita estando en sus facultades.
Que lo investigue la Auditoría Superior. Que lo investigue la
@FGRMexico
#Corrupción #INE #Taddei
